El pasado mayo varios países de la Unión Europea, liderados por Dinamarca, pidieron “soluciones innovadoras” para combatir la inmigración irregular. Para entonces, Italia ya trabajaba en un plan de deportación de personas migrantes a Albania adonde ha enviado esta semana su primer barco con 16 personas. El coste económico de este primer viaje ha sido de 18.000 euros por pasajero, pero también habrá un coste político porque Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha dado su visto bueno a que la Unión estudie un modelo parecido. Mientras tanto, diversas organizaciones alertan de la violación de derechos humanos que se pueden cometer en este tipo de centro para migrantes en terceros países.
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