El Gobierno lleva este viernes al Congreso dos nuevos decretos de vivienda que pretenden, entre otras cosas, poner límites a determinadas operaciones de los llamados “fondos buitre”. Pero hay un problema de partida: “fondo buitre” no es una categoría jurídica y ni siquiera está claro qué empresas deben quedar incluidas bajo esa etiqueta.
Con Belén Carreño, periodista de Economía de EL PAÍS, explicamos cómo operan estos inversores en España y por qué muchas veces resulta difícil seguir el rastro de su actividad: grandes fondos internacionales, sociedades locales, gestoras y otras estructuras que forman una cadena cada vez más compleja. Y analizamos hasta qué punto su presencia en el mercado inmobiliario influye en la crisis de vivienda frente a otros grandes propietarios e inversores.
El episodio examina también qué pueden cambiar realmente los nuevos decretos: el límite del 70% del valor de tasación para determinadas compras, qué entiende el Gobierno por operaciones especulativas, las excepciones que contempla la norma y las dificultades para hacerla cumplir.
CRÉDITOS:

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