El Tribunal Constitucional ha dado este martes un paso decisivo para que Carles Puigdemont pueda regresar a España. Por siete votos frente a cinco, ha avalado la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación en el caso de la exconsellera Dolors Bassa y ha considerado que el Tribunal Supremo interpretó de forma incorrecta la excepción de la ley referida al “enriquecimiento personal”. El Constitucional ordena al Supremo que revise su decisión. El juez Pablo Llarena ha reaccionado dejando provisionalmente sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, pero todavía no les ha aplicado formalmente la amnistía.

Puigdemont, por tanto, está más cerca de poder volver, pero su situación judicial todavía no está completamente cerrada. Llarena tiene que recibir la sentencia íntegra del Constitucional y decidir sus consecuencias; después deberá resolver sobre la aplicación de la amnistía y el cierre de la causa. Puigdemont lleva en Bélgica desde octubre de 2017, cuando huyó después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Desde allí siguió liderando Junts y, en 2023, su partido fue decisivo para la investidura de Pedro Sánchez a cambio del compromiso de aprobar la ley de amnistía.