El nuevo decreto de vivienda llega al Consejo de Ministros después de meses de negociaciones y con el desahucio de Maricarmen convertido en símbolo de una crisis que ha vuelto a tensar al Gobierno y a sus socios. El texto pone sobre la mesa medidas para proteger a los inquilinos, limitar determinadas prácticas de los grandes propietarios y regular los alquileres de temporada y por habitaciones, pero las medidas siguen pendientes de acuerdo.

La negociación enfrenta posiciones muy distintas. El principal choque está entre la protección al pequeño propietario que reclama Junts y la intervención del mercado que defienden Sumar y Podemos, mientras el PSOE intenta encontrar un punto intermedio. El PP rechaza de partida el enfoque por considerarlo intervencionista y Vox sitúa la inmigración en el centro de su diagnóstico sobre la vivienda.

Para analizar qué puede incluir el decreto y cuáles son las posiciones de los partidos, hemos recogido el testimonio de personas que participan en la acampada de la Puerta del Sol y del Sindicato de Inquilinas.Y hablamos con nuestros compañeros Daniele Grasso, que ha analizado la concentración de la propiedad de viviendas en manos de empresas; Pablo Sempere, de la sección de Economía de EL PAÍS, que sigue la negociación del Gobierno; y Ángel Munárriz, que explica las diferencias entre el PSOE, Sumar, Podemos y sus socios parlamentarios.