El análisis de la reciente huelga general convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sirve como punto de partida para examinar la eficacia y la representatividad de los agentes sociales en España en una nueva edición de nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas lineas.

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, y el profesor del IESE, José Ramón Pin Arboledas, coinciden en señalar que la convocatoria registró un seguimiento laboral mínimo, independientemente de la afluencia observada en las manifestaciones vespertinas.

Mikel Buesa incide en que la naturaleza de la huelga respondió primordialmente a una dinámica política más que a una reivindicación estrictamente laboral. El catedrático sostiene que la implicación directa de miembros del Gobierno alteraba el carácter legal de la convocatoria:

«Esta era una huelga política. He visto a la vicepresidenta del Gobierno llamar a la huelga, a varios ministros llamar a la huelga y, como los ministros y la vicepresidenta son políticos, entiendo que ese llamamiento es un llamamiento político y, en consecuencia, la huelga debería haber sido prohibida. Dicho lo cual, me alegro de que no la hayan prohibido porque ha sido un rotundo fracaso», señala.

Desde la perspectiva del coste operativo y la reputación del país, el profesor José Ramón Pin Arboledas cuantificó el quebranto financiero generado por la jornada de huelga y alertó sobre sus consecuencias institucionales:

«Esta huelga ha sido inútil porque no ha cambiado nada y nos ha costado entre 100 y 2.000 millones de euros de falta de productividad, proyectando además una imagen preventiva negativa para un país turístico. Pero, sobre todo, es peligrosa para los propios sindicatos, porque la población percibe que reciben 38 millones de euros en subvenciones para sobrevivir, lo que les hace perder legitimidad social», indica.