Los expertos se preguntan dónde está la Agencia de Seguridad Ferroviaria tras el accidente de Toledo, con Carlos Rodríguez Braun y Lorenzo Bernaldo de Quirós

Los expertos se preguntan d&oacute;nde est&aacute; la Agencia de Seguridad Ferroviaria tras el accidente de Toledo, con Carlos Rodr&iacute;guez Braun y Lorenzo Bernaldo de Quir&oacute;s

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Crónica El Debate

Los expertos se preguntan dónde está la Agencia de Seguridad Ferroviaria tras el accidente de Toledo, con  Carlos Rodríguez Braun y Lorenzo Bernaldo de Quirós

El análisis de la reciente huelga general convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sirve como punto de partida para examinar la eficacia y la representatividad de los agentes sociales en España en una nueva edición de nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas lineas.

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, y el profesor del IESE, José Ramón Pin Arboledas, coinciden en señalar que la convocatoria registró un seguimiento laboral mínimo, independientemente de la afluencia observada en las manifestaciones vespertinas.

Mikel Buesa incide en que la naturaleza de la huelga respondió primordialmente a una dinámica política más que a una reivindicación estrictamente laboral. El catedrático sostiene que la implicación directa de miembros del Gobierno alteraba el carácter legal de la convocatoria:

«Esta era una huelga política. He visto a la vicepresidenta del Gobierno llamar a la huelga, a varios ministros llamar a la huelga y, como los ministros y la vicepresidenta son políticos, entiendo que ese llamamiento es un llamamiento político y, en consecuencia, la huelga debería haber sido prohibida. Dicho lo cual, me alegro de que no la hayan prohibido porque ha sido un rotundo fracaso», señala.

Desde la perspectiva del coste operativo y la reputación del país, el profesor José Ramón Pin Arboledas cuantificó el quebranto financiero generado por la jornada de huelga y alertó sobre sus consecuencias institucionales:

«Esta huelga ha sido inútil porque no ha cambiado nada y nos ha costado entre 100 y 2.000 millones de euros de falta de productividad, proyectando además una imagen preventiva negativa para un país turístico. Pero, sobre todo, es peligrosa para los propios sindicatos, porque la población percibe que reciben 38 millones de euros en subvenciones para sobrevivir, lo que les hace perder legitimidad social», indica.

El an&aacute;lisis de la reciente huelga general convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Uni&oacute;n General de Trabajadores (UGT) sirve como punto de partida para examinar la eficacia y la representatividad de los agentes sociales en Espa&ntilde;a en una nueva edici&oacute;n de nuestro podcast El Debate de la Econom&iacute;a, cuyo audio puede o&iacute;rse &iacute;ntegro pulsando al inicio de estas lineas.
El catedr&aacute;tico de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, y el profesor del IESE, Jos&eacute; Ram&oacute;n Pin Arboledas, coinciden en se&ntilde;alar que la convocatoria registr&oacute; un seguimiento laboral m&iacute;nimo, independientemente de la afluencia observada en las manifestaciones vespertinas.
Mikel Buesa incide en que la naturaleza de la huelga respondi&oacute; primordialmente a una din&aacute;mica pol&iacute;tica m&aacute;s que a una reivindicaci&oacute;n estrictamente laboral. El catedr&aacute;tico sostiene que la implicaci&oacute;n directa de miembros del Gobierno alteraba el car&aacute;cter legal de la convocatoria:
&laquo;Esta era una huelga pol&iacute;tica. He visto a la vicepresidenta del Gobierno llamar a la huelga, a varios ministros llamar a la huelga y, como los ministros y la vicepresidenta son pol&iacute;ticos, entiendo que ese llamamiento es un llamamiento pol&iacute;tico y, en consecuencia, la huelga deber&iacute;a haber sido prohibida. Dicho lo cual, me alegro de que no la hayan prohibido porque ha sido un rotundo fracaso&raquo;, se&ntilde;ala.
Desde la perspectiva del coste operativo y la reputaci&oacute;n del pa&iacute;s, el profesor Jos&eacute; Ram&oacute;n Pin Arboledas cuantific&oacute; el quebranto financiero generado por la jornada de huelga y alert&oacute; sobre sus consecuencias institucionales:
&laquo;Esta huelga ha sido in&uacute;til porque no ha cambiado nada y nos ha costado entre 100 y 2.000 millones de euros de falta de productividad, proyectando adem&aacute;s una imagen preventiva negativa para un pa&iacute;s tur&iacute;stico. Pero, sobre todo, es peligrosa para los propios sindicatos, porque la poblaci&oacute;n percibe que reciben 38 millones de euros en subvenciones para sobrevivir, lo que les hace perder legitimidad social&raquo;, indica.

La huelga de CCOO y UGT reabre el debate sobre la representatividad y la eficacia de los sindicatos en España, con Mikel Buesa y José Ramón Pin Arboledas.

Morillas y Daniel Lacalle: «La gestión del Ministerio de Transportes puede resumirse en despilfarro, sobrecostes y déficit de seguridad»

Morillas y Daniel Lacalle: &laquo;La gesti&oacute;n del Ministerio de Transportes puede resumirse en despilfarro, sobrecostes y d&eacute;ficit de seguridad&raquo;

«El despilfarro, los sobrecostes y el déficit de seguridad» en el Ministerio de Transportes, con Morillas y Daniel Lacalle

Los economistas Mikel Buesa y José Ramón Pin Arboledas evalúan el contexto macroeconómico nacional frente a la crisis francesa, critican el gasto electoralista del Ejecutivo y señalan las prioridades urgentes en infraestructuras, fiscalidad y modelo productivo en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio al completo puede oírse pulsando sobre estas líneas.

Francia y España: dos realidades ante la deuda y la inflación

La convulsa situación social y financiera que atraviesa Francia genera dudas sobre un hipotético contagio a la economía española. Sin embargo, los contertulios inciden en que la brecha entre ambos países es notable: la economía francesa apenas registra crecimiento, padece un elevado endeudamiento externo y afronta severas restricciones presupuestarias para atender demandas sociales. En contraste, aunque la deuda nominal en España sigue aumentando hasta rozar los 1,75 billones de euros (un 3% más), su peso relativo respecto al PIB disminuye gracias al crecimiento económico y al efecto de la inflación.

A pesar de esta aparente holgura relativa, el verdadero peligro radica en el paulatino encarecimiento del servicio de la deuda motivado por los elevados tipos de interés, señalan. Por otra parte, las movilizaciones y protestas registradas en el ámbito nacional español responden a dinámicas artificiosas o pequeñas facciones radicales, careciendo de un movimiento revolucionario con respaldo ciudadano real. «No creo que el el problema francés se vaya a transmitir hacia España como se ha transmitido a Italia o a Bélgica», señala Buesa.

De la «tormenta perfecta» global al gasto electoralista

El escenario internacional está marcado por la confluencia de tres focos de inestabilidad, según Pin Arboledas: un endeudamiento global sin precedentes (100 billones de dólares de deuda pública), reajustes bursátiles en las empresas tecnológicas por dudas de rentabilidad y las tensiones en los precios del petróleo.

Si los bancos centrales se ven obligados a mantener o elevar los tipos para contener la inflación, el endurecimiento de la masa monetaria puede desatar una crisis combinada, estima.

Frente a esta vulnerabilidad, la estrategia del Ejecutivo español se asemeja a la de un «okupa» que dilapida recursos mediante políticas de reparto sin recorrido. «¿Qué hace un okupa cuando le van a desahuciar? Normalmente destroza el piso. Eso es lo que está haciendo el Gobierno con España», sostiene Pin Arboledas.

Los economistas Mikel Buesa y Jos&eacute; Ram&oacute;n Pin Arboledas eval&uacute;an el contexto macroecon&oacute;mico nacional frente a la crisis francesa, critican el gasto electoralista del Ejecutivo y se&ntilde;alan las prioridades urgentes en infraestructuras, fiscalidad y modelo productivo en nuestro podcast El Debate de la Econom&iacute;a, cuyo audio al completo puede o&iacute;rse pulsando sobre estas l&iacute;neas.
Francia y Espa&ntilde;a: dos realidades ante la deuda y la inflaci&oacute;n
La convulsa situaci&oacute;n social y financiera que atraviesa Francia genera dudas sobre un hipot&eacute;tico contagio a la econom&iacute;a espa&ntilde;ola. Sin embargo, los contertulios inciden en que la brecha entre ambos pa&iacute;ses es notable: la econom&iacute;a francesa apenas registra crecimiento, padece un elevado endeudamiento externo y afronta severas restricciones presupuestarias para atender demandas sociales. En contraste, aunque la deuda nominal en Espa&ntilde;a sigue aumentando hasta rozar los 1,75 billones de euros (un 3% m&aacute;s), su peso relativo respecto al PIB disminuye gracias al crecimiento econ&oacute;mico y al efecto de la inflaci&oacute;n.
A pesar de esta aparente holgura relativa, el verdadero peligro radica en el paulatino encarecimiento del servicio de la deuda motivado por los elevados tipos de inter&eacute;s, se&ntilde;alan. Por otra parte, las movilizaciones y protestas registradas en el &aacute;mbito nacional espa&ntilde;ol responden a din&aacute;micas artificiosas o peque&ntilde;as facciones radicales, careciendo de un movimiento revolucionario con respaldo ciudadano real. &laquo;No creo que el el problema franc&eacute;s se vaya a transmitir hacia Espa&ntilde;a como se ha transmitido a Italia o a B&eacute;lgica&raquo;, se&ntilde;ala Buesa.
De la &laquo;tormenta perfecta&raquo; global al gasto electoralista
El escenario internacional est&aacute; marcado por la confluencia de tres focos de inestabilidad, seg&uacute;n Pin Arboledas: un endeudamiento global sin precedentes (100 billones de d&oacute;lares de deuda p&uacute;blica), reajustes burs&aacute;tiles en las empresas tecnol&oacute;gicas por dudas de rentabilidad y las tensiones en los precios del petr&oacute;leo.
Si los bancos centrales se ven obligados a mantener o elevar los tipos para contener la inflaci&oacute;n, el endurecimiento de la masa monetaria puede desatar una crisis combinada, estima.
Frente a esta vulnerabilidad, la estrategia del Ejecutivo espa&ntilde;ol se asemeja a la de un &laquo;okupa&raquo; que dilapida recursos mediante pol&iacute;ticas de reparto sin recorrido. &laquo;&iquest;Qu&eacute; hace un okupa cuando le van a desahuciar? Normalmente destroza el piso. Eso es lo que est&aacute; haciendo el Gobierno con Espa&ntilde;a&raquo;, sostiene Pin Arboledas.

Los expertos se preguntan dónde está la Agencia de Seguridad Ferroviaria tras el accidente de Toledo, con Carlos Rodríguez Braun y Lorenzo Bernaldo de Quirós

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