El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València ha presentado una moción para el pleno de la próxima semana en la que pide que se aprueben en el pleno de junio las fichas e gestión urbanística de la parcela del actual Mestalla y Nou Mestalla pero que se incluyan en ellas las condiciones que debe tener el nuevo estadio y sus usos compartidos con el consistorio así como un aval

La moción, según su propio texto, busca "garantizar que no existe un enriquecimiento de quienes han incumplido las obligaciones suscritas, hacer cumplir las obligaciones al club aunque se negara a la suscripción de un nuevo convenio y establecer la necesidad de aportar garantías económicas sólidas y previas a la obtención de los derechos urbanísticos otorgados que eviten una nueva paralización de las obras o un estadio inacabado en las condiciones exigidas".

"Vamos a presentar una moción para asegurar que Peter Lim deja de engañar a la ciudad de València", señaló en declaraciones facilitadas por su grupo el concejal Borja Sanjuán, que ha presentado la moción junto a la portavoz Sandra Gómez, y que dijo que quieren "cerrar el paso" al pelotazo urbanístico que dijo quiere dar Peter Lim, máximo accionista del club, para después diseñar "el escenario de salida".

Sanjuán criticó la actitud de la alcaldesa María José Catalá. "Dejamos hechas unas fichas urbanísticas, un convenio donde se establecían las obligaciones y la calidad del estadio y unas garantías económicas. Decía, cuando estaba en la oposición, que estaba dispuesta a exigirle todo eso y se ha pasado un año sin hacer nada cuando está en el gobierno y ahora pretende no hacer nada para que el 3 de agosto todas las condiciones sin ninguna obligación a Peter Lim", apuntó en referencia al máximo accionista del club.

El escrito pide la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia C.F." en ambas zonas y que en las fichas de gestión se incluyan "las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas".

Igualmente proponen que establezcan "la obligatoriedad de que el club deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio" y que esa cantidad la debe establecer el consistorio "sobre un análisis técnico" del proyecto y sería indispensable para la obtener la licencia de edificación en la parcela del nuevo estadio así como en "las parcelas con aprovechamiento lucrativo privado que tengan asignado un uso dominante terciario".

El grupo socialista lo justifica por "la necesidad de garantizar que no se produce un nuevo incumplimiento" y hace referencia a la reciente sentencia del TSJCV que establece que la ATE que amparaba el proyecto estaba bien caducada por la administración por los incumplimientos del Valencia como promotor.

El PSPV-PSOE explica en su moción que en la pasada legislatura el gobierno municipal que conformaba con Compromís, tras la caducidad de la ATE y la suspensión de las licencias para que el Ayuntamiento aprobara las condiciones de gestión que considerase, redactó unas fichas de gestión "que no permiten obtener las plusvalías sin cumplir con las obligaciones" y trabajó en un nuevo convenio que aseguraba que las condiciones del estadio eran las acordadas y actualizaba "las condiciones de construcción del polideportivo o las de cesión del estadio al Ayuntamiento de manera gratuita". También se planteó, asegura, la necesidad de una fianza.

"Un año después, no se ha avanzado en este trabajo. No se ha tramitado un convenio, no se ha trabajado una garantía económica ni se han llevado al pleno las fichas de gestión", lamenta el grupo socialista en su escrito en el que recuerda que sí se ha aprobado “exigir eficazmente garantías” tras una auditoría que determinara el coste real de las obras para el cumplimiento de las obligaciones.

El grupo socialista critica en la moción que el actual gobierno municipal del PP y Vox "parece aceptar como válidas dos conclusiones contrarias a la defensa del interés de la ciudad" que serían que el Valencia el 3 de agosto recuperaría todos los derechos urbanísticos "sin necesidad de tener que cumplir ningún compromiso al finalizar la suspensión de licencias", y también " la renuncia a determinar el coste de la obra para exigir garantías".

"Ambas interpretaciones suponen una dejación de sus responsabilidades y obligatoriedad de defensa del interés general, puesto que suponen otorgar un escenario más favorable al incumplidor, por el hecho de haber incumplido y no exigir garantías, por el hecho de que no existen datos económicos confiables otorgados por el club", apunta.

Además, se asegura que sería contrario "a la más mínima lógica" que las condiciones fueran "más laxas" y se lamenta que en la reunión convocada por la alcaldesa María José Catalá, además de no asistir ella, no se aportara ninguna propuesta más allá de aprobar únicamente las fichas de gestión. "Es decir, sin convenio para fijar las condiciones del nuevo estadio, ni garantías económicas", subraya.