El 1 de julio de 2019 se cumplirán cuatro años de la entrada en vigor de las reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, es decir, la Ley Mordaza. Cuatro años bajo una ley que ha limitado la libertad de expresión y otros derechos de los ciudadanos. Y, aún sin datos de 2018, con una recaudación de casi 270 millones de euros en multas. 

La libertad de expresión se empaña cuando la propia libertad viene previamente delimitada por terceros y sobre todo si, como en este caso,  las limitaciones son propuestas por el Gobierno.