El fantasma de la polarización y la crispación recorre Europa. Y se está dejando notar durante la recta final de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran este 2024.

No obstante, y aunque en lo político están las aguas revueltas, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Carlos Arce, ha publicado un estudio que examina cómo la desinformación y el odio digital afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, no solo a los políticos.

El trabajo destaca la necesidad de educación ciudadana digital y herramientas de verificación para combatir estos problemas, reservando las sanciones penales para los casos más graves. Además, enfatiza que los políticos deben soportar un mayor nivel de crítica y que las medidas restrictivas propuestas deben equilibrarse con la protección de las libertades fundamentales.

Arce destaca cómo estos fenómenos afectan especialmente a colectivos vulnerables, como las personas migrantes, y cómo las plataformas digitales juegan un papel crucial en su propagación.

Además señala que la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha amplificado su alcance. "La capacidad ilimitada de difusión de las plataformas digitales permite que la desinformación se propague a una velocidad y escala sin precedentes", explica Arce. Este fenómeno afecta no solo a la política, sino también a la percepción pública de diversos colectivos sociales, exacerbando prejuicios y fomentando el odio.

El profesor Arce define el odio digital como "un sentimiento de aversión profunda hacia un colectivo o situación, difundido preferentemente a través de herramientas digitales". Desde una perspectiva jurídica, el odio se vuelve relevante cuando trasciende lo personal y se manifiesta públicamente, afectando los derechos fundamentales de los individuos. "El discurso de odio digital es particularmente pernicioso porque se dirige a colectivos vulnerables, generando confusión y dificultando la respuesta jurídica adecuada", comenta Arce.

El contexto político actual, especialmente en campañas electorales, exacerba estos problemas. Este entorno fomenta un ciclo de retroalimentación donde la desinformación y el odio se normalizan, tanto en la política como en la sociedad.

Arce critica a las plataformas digitales por su papel en la propagación de la desinformación y el odio. "Aunque estos problemas no nacieron con el mundo digital, las plataformas actuales facilitan una difusión masiva y difícil de controlar", señala. La inteligencia artificial complica aún más la situación, al dificultar la distinción entre información veraz y desinformación.

Para combatir estos desafíos, Arce propone varias medidas educativas y regulatorias. "La educación para la ciudadanía digital es crucial para formar individuos capaces de discernir entre información y desinformación", afirma. Además, aboga por el uso de herramientas de verificación para ayudar a los ciudadanos a identificar noticias falsas y discursos de odio. También subraya la necesidad de sanciones penales en casos graves, aunque reconoce la complejidad de equilibrar esto con la protección de la libertad de expresión.

También habla sobre el papel dual de la inteligencia artificial en este contexto. "La IA presenta retos enormes para combatir la desinformación, pero también ofrece oportunidades para desarrollar herramientas de verificación más potentes", explica. La clave, según Arce, es orientar estas tecnologías para defender los valores democráticos y los derechos fundamentales.

La lucha contra la desinformación y el odio digital requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo. "Es necesario un esfuerzo concertado desde el sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones políticas para abordar estos problemas de manera eficaz", concluye Arce. La educación, la regulación y la tecnología deben trabajar juntas para garantizar una sociedad informada y respetuosa en la era digital.

El fantasma de la polarización y la crispación recorre Europa. Y se está dejando notar durante la recta final de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran este 2024.
No obstante, y aunque en lo político están las aguas revueltas, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Carlos Arce, ha publicado un estudio que examina cómo la desinformación y el odio digital afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, no solo a los políticos.
El trabajo destaca la necesidad de educación ciudadana digital y herramientas de verificación para combatir estos problemas, reservando las sanciones penales para los casos más graves. Además, enfatiza que los políticos deben soportar un mayor nivel de crítica y que las medidas restrictivas propuestas deben equilibrarse con la protección de las libertades fundamentales.
Arce destaca cómo estos fenómenos afectan especialmente a colectivos vulnerables, como las personas migrantes, y cómo las plataformas digitales juegan un papel crucial en su propagación.
Además señala que la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha amplificado su alcance. "La capacidad ilimitada de difusión de las plataformas digitales permite que la desinformación se propague a una velocidad y escala sin precedentes", explica Arce. Este fenómeno afecta no solo a la política, sino también a la percepción pública de diversos colectivos sociales, exacerbando prejuicios y fomentando el odio.
El profesor Arce define el odio digital como "un sentimiento de aversión profunda hacia un colectivo o situación, difundido preferentemente a través de herramientas digitales". Desde una perspectiva jurídica, el odio se vuelve relevante cuando trasciende lo personal y se manifiesta públicamente, afectando los derechos fundamentales de los individuos. "El discurso de odio digital es particularmente pernicioso porque se dirige a colectivos vulnerables, generando confusión y dificultando la respuesta jurídica adecuada", comenta Arce.
El contexto político actual, especialmente en campañas electorales, exacerba estos problemas. Este entorno fomenta un ciclo de retroalimentación donde la desinformación y el odio se normalizan, tanto en la política como en la sociedad.
Arce critica a las plataformas digitales por su papel en la propagación de la desinformación y el odio. "Aunque estos problemas no nacieron con el mundo digital, las plataformas actuales facilitan una difusión masiva y difícil de controlar", señala. La inteligencia artificial complica aún más la situación, al dificultar la distinción entre información veraz y desinformación.
Para combatir estos desafíos, Arce propone varias medidas educativas y regulatorias. "La educación para la ciudadanía digital es crucial para formar individuos capaces de discernir entre información y desinformación", afirma. Además, aboga por el uso de herramientas de verificación para ayudar a los ciudadanos a identificar noticias falsas y discursos de odio. También subraya la necesidad de sanciones penales en casos graves, aunque reconoce la complejidad de equilibrar esto con la protección de la libertad de expresión.
También habla sobre el papel dual de la inteligencia artificial en este contexto. "La IA presenta retos enormes para combatir la desinformación, pero también ofrece oportunidades para desarrollar herramientas de verificación más potentes", explica. La clave, según Arce, es orientar estas tecnologías para defender los valores democráticos y los derechos fundamentales.
La lucha contra la desinformación y el odio digital requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo. "Es necesario un esfuerzo concertado desde el sistema educativo, los medios de comunicación y las instituciones políticas para abordar estos problemas de manera eficaz", concluye Arce. La educación, la regulación y la tecnología deben trabajar juntas para garantizar una sociedad informada y respetuosa en la era digital.

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Plaza al día

Analizamos el estudio de la Universidad de Córdoba que examina cómo la desinformación y el odio digital afectan a los colectivos más vulnerables de la sociedad, no solo a los políticos.

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