Con la llegada de 2024, hay ciudades que intensifican las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que fueron establecidas como obligatorias en 2023 para algunos municipios y que restringen la circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental en los núcleos urbanos.

Hoy analizamos en qué punto se encuentran las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante y también Murcia y Cartagena.

En el caso específico de Castellón, Roger Lorgeoux, redactor jefe de Castellón Plaza, explica que el proyecto de zonas de bajas emisiones está en marcha, con una superficie total de 745.000 metros cuadrados dividida en dos fases. La fase 1 ya está en curso, mientras que la fase 2 está en proceso de tramitación administrativa y se espera que esté cerrada próximamente. Se estima que una parte de la zona de bajas emisiones estará activa a partir del 31 de diciembre de 2025, con la completa implementación prevista para finales de 2026.

Sin embargo, señala que el incumplimiento de estos plazos conlleva consecuencias significativas para las ciudades. En el caso de Castellón, existe el riesgo de perder fondos europeos por un valor de 11 millones de euros destinados a proyectos de movilidad y medio ambiente. Aunque el Ayuntamiento ha solicitado una ampliación de los plazos debido a cambios en el gobierno y la necesidad de ajustar los criterios de las zonas de bajas emisiones, la pérdida de estos fondos sigue siendo una preocupación.

En Alicante, Raúl Navarro, redactor jefe de Alicante Plaza, destaca que se revelan avances significativos en la implementación de zonas de bajas emisiones. Explica que la remodelación de importantes avenidas como la del doctor Gadea y Federico Soto ha finalizado, contribuyendo a la reducción de la intensidad del tráfico y vehículos en el centro histórico de la ciudad.

Sin embargo, Navarro menciona que aún quedan aspectos pendientes en la implementación de las normas que regulan el funcionamiento de estas zonas, específicamente en lo que respecta a posibles sanciones por incumplimiento. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un trámite de consultas previas para recabar aportaciones de la ciudadanía en la redacción de la futura ordenanza de funcionamiento, con la previsión de completarla durante el segundo semestre de 2024.

En Valencia, el Ayuntamiento ya lleva un tiempo aplicando restricciones a vehículos privados en el centro de la ciudad, convirtiendo un área de prioridad residencial en una zona de bajas emisiones. Sin embargo, este paso no es definitivo, ya que la ciudad debe adaptar estas zonas a las exigencias de la normativa europea antes del 1 de julio para evitar la pérdida de fondos destinados al proyecto. 

Pablo  Plaza, redactor de Valencia Plaza explica que actualmente, se están colocando nuevas cámaras que afectarán a toda la ciudad, pero la elaboración de la ordenanza que regirá estas normas aún no se ha hecho pública, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. 

Se espera que la ordenanza se publique en las próximas semanas, pero la forma en que el Ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las restricciones sigue siendo una incógnita. Aunque en otras ciudades como Madrid o Barcelona se ha implementado una aplicación móvil para este propósito, en Valencia aún no se ha especificado cómo se llevará a cabo esta comunicación. 

El redactor jefe de Murcia Plaza, Fernando Sánchez, revela que tanto Murcia capital como Cartagena han experimentado un estancamiento en la implantación de zonas de bajas emisiones. Ambas ciudades no han logrado cumplir con el plazo establecido para su implementación, solicitando prórrogas. 

En el caso de Murcia, aún no se ha desarrollado un plan completo, mientras que en Cartagena, aunque hay un plan, se está a la espera de financiación europea. 

Esta situación ha generado críticas por parte de la oposición municipal, que insta a tomar medidas. Sin embargo, la delimitación de estas zonas presenta desafíos logísticos, especialmente en Murcia, donde el plan de movilidad existente ha generado congestión vehicular. 

La situación sugiere que ni en 2024 ni en 2025 se espera la implementación de estas zonas en Murcia y Cartagena. Aunque se desconocen las posibles consecuencias económicas y sanciones, ambos municipios han incumplido los plazos establecidos por la Unión Europea y el Gobierno central.

Con la llegada de 2024, hay ciudades que intensifican las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que fueron establecidas como obligatorias en 2023 para algunos municipios y que restringen la circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental en los núcleos urbanos.
Hoy analizamos en qué punto se encuentran las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante y también Murcia y Cartagena.
En el caso específico de Castellón, Roger Lorgeoux, redactor jefe de Castellón Plaza, explica que el proyecto de zonas de bajas emisiones está en marcha, con una superficie total de 745.000 metros cuadrados dividida en dos fases. La fase 1 ya está en curso, mientras que la fase 2 está en proceso de tramitación administrativa y se espera que esté cerrada próximamente. Se estima que una parte de la zona de bajas emisiones estará activa a partir del 31 de diciembre de 2025, con la completa implementación prevista para finales de 2026.
Sin embargo, señala que el incumplimiento de estos plazos conlleva consecuencias significativas para las ciudades. En el caso de Castellón, existe el riesgo de perder fondos europeos por un valor de 11 millones de euros destinados a proyectos de movilidad y medio ambiente. Aunque el Ayuntamiento ha solicitado una ampliación de los plazos debido a cambios en el gobierno y la necesidad de ajustar los criterios de las zonas de bajas emisiones, la pérdida de estos fondos sigue siendo una preocupación.
En Alicante, Raúl Navarro, redactor jefe de Alicante Plaza, destaca que se revelan avances significativos en la implementación de zonas de bajas emisiones. Explica que la remodelación de importantes avenidas como la del doctor Gadea y Federico Soto ha finalizado, contribuyendo a la reducción de la intensidad del tráfico y vehículos en el centro histórico de la ciudad.
Sin embargo, Navarro menciona que aún quedan aspectos pendientes en la implementación de las normas que regulan el funcionamiento de estas zonas, específicamente en lo que respecta a posibles sanciones por incumplimiento. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un trámite de consultas previas para recabar aportaciones de la ciudadanía en la redacción de la futura ordenanza de funcionamiento, con la previsión de completarla durante el segundo semestre de 2024.
En Valencia, el Ayuntamiento ya lleva un tiempo aplicando restricciones a vehículos privados en el centro de la ciudad, convirtiendo un área de prioridad residencial en una zona de bajas emisiones. Sin embargo, este paso no es definitivo, ya que la ciudad debe adaptar estas zonas a las exigencias de la normativa europea antes del 1 de julio para evitar la pérdida de fondos destinados al proyecto. 
Pablo  Plaza, redactor de Valencia Plaza explica que actualmente, se están colocando nuevas cámaras que afectarán a toda la ciudad, pero la elaboración de la ordenanza que regirá estas normas aún no se ha hecho pública, lo que ha generado críticas por parte de la oposición. 
Se espera que la ordenanza se publique en las próximas semanas, pero la forma en que el Ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las restricciones sigue siendo una incógnita. Aunque en otras ciudades como Madrid o Barcelona se ha implementado una aplicación móvil para este propósito, en Valencia aún no se ha especificado cómo se llevará a cabo esta comunicación. 
El redactor jefe de Murcia Plaza, Fernando Sánchez, revela que tanto Murcia capital como Cartagena han experimentado un estancamiento en la implantación de zonas de bajas emisiones. Ambas ciudades no han logrado cumplir con el plazo establecido para su implementación, solicitando prórrogas. 
En el caso de Murcia, aún no se ha desarrollado un plan completo, mientras que en Cartagena, aunque hay un plan, se está a la espera de financiación europea. 
Esta situación ha generado críticas por parte de la oposición municipal, que insta a tomar medidas. Sin embargo, la delimitación de estas zonas presenta desafíos logísticos, especialmente en Murcia, donde el plan de movilidad existente ha generado congestión vehicular. 
La situación sugiere que ni en 2024 ni en 2025 se espera la implementación de estas zonas en Murcia y Cartagena. Aunque se desconocen las posibles consecuencias económicas y sanciones, ambos municipios han incumplido los plazos establecidos por la Unión Europea y el Gobierno central.

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