La entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en el primer trimestre de 2024 marca un hito para la industria de los influencers, regulando su actividad en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y Twitch. 

Los influencers deben inscribirse en un registro estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta nueva legislación establece limitaciones en la publicidad de productos, exigiendo claridad en la diferenciación entre contenido publicitario y no publicitario.

Salvador Silvestre, profesor de aspectos legales en el Master de Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea de Valencia, destaca la necesidad de esta ley para regular una actividad comercial en expansión. Señala que los influencers deberán adaptarse y cumplir con los requisitos del registro, que incluyen tener ingresos significativos y una audiencia considerable.

Elena Fernández Blanco, profesora de publicidad y marketing de la Universidad Pontificia de Salamanca, valora la ley como un marco necesario para proteger a los consumidores en un contexto de crecimiento de los influencers. Sin embargo, señala la complejidad de regular una actividad con una amplia gama de participantes, desde micro influencers hasta mega influencers.

La investigación realizada por Fernández Blanco y Mercedes Ramos en 2021 reveló que muchos influencers no identificaban claramente contenido publicitario en sus publicaciones. Aunque existen códigos de conducta, como el de Autocontrol, su implementación aún es limitada.

La ley impone multas significativas a los infractores, desde 10.000 euros hasta 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta medida busca profesionalizar la actividad de los influencers y proteger a los consumidores de la publicidad encubierta.

A pesar de los avances, queda la incertidumbre sobre cómo la ley afectará a los micro influencers y si las marcas asumirán su responsabilidad en la publicidad encubierta. La ley busca adaptarse a una realidad en constante evolución, pero su efectividad dependerá de su aplicación práctica y de la colaboración entre influencers, marcas y autoridades regulatorias.

En conclusión, la ley busca regular y limitar la actividad de los influencers más relevantes, estableciendo normas claras en la publicidad y protegiendo a los consumidores. Sin embargo, su efectividad a largo plazo dependerá de su capacidad para adaptarse a la dinámica cambiante del mundo digital y garantizar el cumplimiento por parte de todos los actores involucrados.

La entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en el primer trimestre de 2024 marca un hito para la industria de los influencers, regulando su actividad en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y Twitch. 
Los influencers deben inscribirse en un registro estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta nueva legislación establece limitaciones en la publicidad de productos, exigiendo claridad en la diferenciación entre contenido publicitario y no publicitario.
Salvador Silvestre, profesor de aspectos legales en el Master de Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea de Valencia, destaca la necesidad de esta ley para regular una actividad comercial en expansión. Señala que los influencers deberán adaptarse y cumplir con los requisitos del registro, que incluyen tener ingresos significativos y una audiencia considerable.
Elena Fernández Blanco, profesora de publicidad y marketing de la Universidad Pontificia de Salamanca, valora la ley como un marco necesario para proteger a los consumidores en un contexto de crecimiento de los influencers. Sin embargo, señala la complejidad de regular una actividad con una amplia gama de participantes, desde micro influencers hasta mega influencers.
La investigación realizada por Fernández Blanco y Mercedes Ramos en 2021 reveló que muchos influencers no identificaban claramente contenido publicitario en sus publicaciones. Aunque existen códigos de conducta, como el de Autocontrol, su implementación aún es limitada.
La ley impone multas significativas a los infractores, desde 10.000 euros hasta 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta medida busca profesionalizar la actividad de los influencers y proteger a los consumidores de la publicidad encubierta.
A pesar de los avances, queda la incertidumbre sobre cómo la ley afectará a los micro influencers y si las marcas asumirán su responsabilidad en la publicidad encubierta. La ley busca adaptarse a una realidad en constante evolución, pero su efectividad dependerá de su aplicación práctica y de la colaboración entre influencers, marcas y autoridades regulatorias.
En conclusión, la ley busca regular y limitar la actividad de los influencers más relevantes, estableciendo normas claras en la publicidad y protegiendo a los consumidores. Sin embargo, su efectividad a largo plazo dependerá de su capacidad para adaptarse a la dinámica cambiante del mundo digital y garantizar el cumplimiento por parte de todos los actores involucrados.

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