Un fuerte olor a hierba delató a aquella plantación de marihuana. Al principio, los policías de la comunidad de Merced, California, en el Valle de San Joaquín, pensaron que ese hedor provenía de algún grupo de amigos o familia que ejercía con pasión su derecho al consumo recreativo de cannabis. Luego, por la permanencia del olor que sólo rodeaba a un inmueble, intuyeron que se trataba de algo más: una instalación ilegal.

Los policías pidieron a la tesorería de la ciudad de Merced los registros de fábricas, cultivos, dispensadores y comercializadores legales de marihuana. Ninguno correspondía a la direccion de donde provenía ese olor penetrante. Aquello confirmó que estaban frente a un negocio cannabico ilegal apenas a unos 650 kilómetros de Tijuana, Baja California, que en los últimos años se ha vuelto un bastión codiciado por Los Chapitos.

Así que las autoridades se prepararon para actuar. Juntaron testigos, evidencias, fotografías y acudieron a un juez, que les firmó una orden de cateo. El pasado 26 de julio, la policía de California ejecutó ese mandato judicial: rodearon el inmueble y decenas irrumpieron en el edificio. Un golpe de olor dulzón a marihuana los recibió al patear la puerta.

Los que entraron primero vieron un espejo de cuerpo completo en la planta baja. También, un ventilador para atenuar el olor. En el piso, desordenadas, varias cajas de cartón con marihuana empaquetada en dosis personales. Y sillas plegables para quienes tenían la tarea de recibir el cannabis, pesarlo, dividirlo, embolsarlo y encajarlo. Una típica casa de distribución de droga. Lo que en México llamamos “un punto” o “un piquero”.

Adentro estaban 60 trabajadores, hombres y mujeres, quienes habían llegado al inmueble apenas unos días antes. Todos eran migrantes indocumentados que habían cruzado la frontera con la promesa de que en la Unión Americana les esperaba un trabajo honrado. En realidad, los polleros les tenían reservado un asiento en esa mitad plantación, mitad fábrica de marihuana en condiciones infrahumanas, cercanas a la esclavitud. Unos aceptaron porque debían a los polleros, es decir, al cártel que los había llevado. Otros bajaron la cabeza por miedo a ser asesinados, si renegaban de ese trabajo sucio.

“Esto es descorazonador. Vamos a ayudar a estas personas”, dijo el sherif Vern Warnke. Y cumplió su promesa con una generosidad que yo no sé si veremos otra vez en la segunda administración Trump: ninguno de los 60 trabajadores migrantes indocumentados fueron arrestados. Al fin y al cabo, eran víctimas, no delincuentes, como esos que escaparon cuando vieron el operativo y siguen prófugos de la justicia.

Le cuento esta historia a un hombre que me ha pedido que lo llame Raymond. Él es administrador de un plantío ilegal de marihuana en California. A pesar de la legalización, prefiere operar sin licencias para no pagar altos impuestos y vender a bajo costo. Por ende, su negocio es pujante. Y Raymond me cuenta algo que yo no había imaginado: también los narcotraficantes, como él, necesitan migrantes indocumentados para sus negocios sucios.

Raymond me confiesa que está preocupado. La política de deportaciones masivas de Donald Trump también amenaza su forma de vida: sin migrantes indocumentados que trabajen para él —aunque ofrezca condiciones que él llama dignas, similares a un campo de jitomates o fresas— su negocio corre peligro. Otros como él comparten esa angustia: ¿qué fuerza laboral nos quedará, si millones sin papeles regresarán a la fuerza a sus países?

El plan de deportaciones masivas de Trump podría provocar una caída del PIB anual entre el 4 y el 7%, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3%. El impacto sería especialmente severo en California, Texas y Florida, donde viven casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y 1 de cada 20 podría ser deportado.

Para Raymond eso tendría un efecto claro en el mercado de drogas. Si empresas como la suya no tienen mano de obra, el mercado irá a otras variantes de drogas que no necesitan tanto personal, ni cuidadores de invernaderos, ni cultivadores ni piscadores, es decir, las drogas sintéticas. Y la mejor de todas es el fentanilo.

Para marihuana ilegal, se necesitan 60 migrantes indocumentados. Para fentanilo, apenas unos cuantos cocineros. El plan de Donald Trump, dice, es un balazo en el pie: es la manera más sencilla de orillar a narcos gringos como Raymond a mudarse de los cultivos a lo sintético. Y entonces todo lo ganado contra el fentanilo se irá al carajo porque Donald Trump mandó al carajo también a nuestros paisanos.

Un fuerte olor a hierba delat&oacute; a aquella plantaci&oacute;n de marihuana. Al principio, los polic&iacute;as de la comunidad de Merced, California, en el Valle de San Joaqu&iacute;n, pensaron que ese hedor proven&iacute;a de alg&uacute;n grupo de amigos o familia que ejerc&iacute;a con pasi&oacute;n su derecho al consumo recreativo de cannabis. Luego, por la permanencia del olor que s&oacute;lo rodeaba a un inmueble, intuyeron que se trataba de algo m&aacute;s: una instalaci&oacute;n ilegal.
Los polic&iacute;as pidieron a la tesorer&iacute;a de la ciudad de Merced los registros de f&aacute;bricas, cultivos, dispensadores y comercializadores legales de marihuana. Ninguno correspond&iacute;a a la direccion de donde proven&iacute;a ese olor penetrante. Aquello confirm&oacute; que estaban frente a un negocio cannabico ilegal apenas a unos 650 kil&oacute;metros de Tijuana, Baja California, que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha vuelto un basti&oacute;n codiciado por Los Chapitos.
As&iacute; que las autoridades se prepararon para actuar. Juntaron testigos, evidencias, fotograf&iacute;as y acudieron a un juez, que les firm&oacute; una orden de cateo. El pasado 26 de julio, la polic&iacute;a de California ejecut&oacute; ese mandato judicial: rodearon el inmueble y decenas irrumpieron en el edificio. Un golpe de olor dulz&oacute;n a marihuana los recibi&oacute; al patear la puerta.
Los que entraron primero vieron un espejo de cuerpo completo en la planta baja. Tambi&eacute;n, un ventilador para atenuar el olor. En el piso, desordenadas, varias cajas de cart&oacute;n con marihuana empaquetada en dosis personales. Y sillas plegables para quienes ten&iacute;an la tarea de recibir el cannabis, pesarlo, dividirlo, embolsarlo y encajarlo. Una t&iacute;pica casa de distribuci&oacute;n de droga. Lo que en M&eacute;xico llamamos &ldquo;un punto&rdquo; o &ldquo;un piquero&rdquo;.
Adentro estaban 60 trabajadores, hombres y mujeres, quienes hab&iacute;an llegado al inmueble apenas unos d&iacute;as antes. Todos eran migrantes indocumentados que hab&iacute;an cruzado la frontera con la promesa de que en la Uni&oacute;n Americana les esperaba un trabajo honrado. En realidad, los polleros les ten&iacute;an reservado un asiento en esa mitad plantaci&oacute;n, mitad f&aacute;brica de marihuana en condiciones infrahumanas, cercanas a la esclavitud. Unos aceptaron porque deb&iacute;an a los polleros, es decir, al c&aacute;rtel que los hab&iacute;a llevado. Otros bajaron la cabeza por miedo a ser asesinados, si renegaban de ese trabajo sucio.
&ldquo;Esto es descorazonador. Vamos a ayudar a estas personas&rdquo;, dijo el sherif Vern Warnke. Y cumpli&oacute; su promesa con una generosidad que yo no s&eacute; si veremos otra vez en la segunda administraci&oacute;n Trump: ninguno de los 60 trabajadores migrantes indocumentados fueron arrestados. Al fin y al cabo, eran v&iacute;ctimas, no delincuentes, como esos que escaparon cuando vieron el operativo y siguen pr&oacute;fugos de la justicia.
Le cuento esta historia a un hombre que me ha pedido que lo llame Raymond. &Eacute;l es administrador de un plant&iacute;o ilegal de marihuana en California. A pesar de la legalizaci&oacute;n, prefiere operar sin licencias para no pagar altos impuestos y vender a bajo costo. Por ende, su negocio es pujante. Y Raymond me cuenta algo que yo no hab&iacute;a imaginado: tambi&eacute;n los narcotraficantes, como &eacute;l, necesitan migrantes indocumentados para sus negocios sucios.
Raymond me confiesa que est&aacute; preocupado. La pol&iacute;tica de deportaciones masivas de Donald Trump tambi&eacute;n amenaza su forma de vida: sin migrantes indocumentados que trabajen para &eacute;l &mdash;aunque ofrezca condiciones que &eacute;l llama dignas, similares a un campo de jitomates o fresas&mdash; su negocio corre peligro. Otros como &eacute;l comparten esa angustia: &iquest;qu&eacute; fuerza laboral nos quedar&aacute;, si millones sin papeles regresar&aacute;n a la fuerza a sus pa&iacute;ses?
El plan de deportaciones masivas de Trump podr&iacute;a provocar una ca&iacute;da del PIB anual entre el 4 y el 7%, lo que equivale a p&eacute;rdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de d&oacute;lares anuales. Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesi&oacute;n de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3%. El impacto ser&iacute;a especialmente severo en California, Texas y Florida, donde viven casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del pa&iacute;s y 1 de cada 20 podr&iacute;a ser deportado.
Para Raymond eso tendr&iacute;a un efecto claro en el mercado de drogas. Si empresas como la suya no tienen mano de obra, el mercado ir&aacute; a otras variantes de drogas que no necesitan tanto personal, ni cuidadores de invernaderos, ni cultivadores ni piscadores, es decir, las drogas sint&eacute;ticas. Y la mejor de todas es el fentanilo.
Para marihuana ilegal, se necesitan 60 migrantes indocumentados. Para fentanilo, apenas unos cuantos cocineros. El plan de Donald Trump, dice, es un balazo en el pie: es la manera m&aacute;s sencilla de orillar a narcos gringos como Raymond a mudarse de los cultivos a lo sint&eacute;tico. Y entonces todo lo ganado contra el fentanilo se ir&aacute; al carajo porque Donald Trump mand&oacute; al carajo tambi&eacute;n a nuestros paisanos.

Descubre "Nación Criminal", una serie de narraciones del periodista Óscar Balderas que destapa la cruda realidad de México en relación con la violencia, inseguridad, corrupción y las redes de complicidad que surcan nuestra sociedad. Este podcast profundiza en los rincones más oscuros y menos explorados del entorno criminal, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentamos como nación.

Sumérgete en historias impactantes y análisis perspicaces que examinan a fondo las complejidades de la delincuencia en México y sus implicaciones en la vida cotidiana.

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Territorio Rojo / Nación Criminal

Nación Criminal es una serie de reportajes del periodista Óscar Balderas que retratan la violencia, inseguridad, corrupción y las redes de complicidad que se tejen en México.

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