El objetivo es realizar despliegues operacionales con meses de antelación para proteger no solo a los votantes, sino también a jurados y testigos en los 13.504 puestos de votación definidos en todo el país. "No se trata solamente de garantizar que la ciudadanía ejerza el derecho al voto, sino que lo ejerza libremente", enfatizó el funcionario.