El uso de los 50 salarios mínimos a los que tiene derecho cada congresista por ley para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), termina siendo, en muchos casos, una moneda de cambio para pagar favores políticos o personales o para enriquecerse de manera ilícita. Las paredes del Congreso saben bien que esa es una práctica muy extendida, y, aunque probarla ha sido muy difícil, eso se hará en esta investigación.