A veces tengo la sensación de que, en España, hablar de vivienda es hablar de nosotros mismos. De nuestras rutinas, de nuestras renuncias, de esos pequeños miedos que se cuelan en la cabeza cuando llega el día de pagar el alquiler. Del vértigo que nos entra cuando decidimos comprarnos un piso y vemos verdaderamente lo que cuesta.

No es casualidad que sea la primera preocupación para tanta gente. La inquietud por tener un techo sobre nuestra cabeza afecta a cómo dormimos, a cómo trabajamos, a cómo respiramos... Y quienes alquilan viven con esa presión constante, como una sombra que no termina de irse. Por eso, cuando alguien consigue romper esa inercia, cuando una persona común logra algo que parecía fuera de su alcance, la historia cambia de color. El problema social no desaparece, pero aparece algo de luz en medio de la oscuridad.

Patricia reside en Barcelona, una ciudad que se declaró zona tensionada en marzo de 2024 y que tiene desde entonces el mercado del alquiler intervenido. Esto quiere decir que los propietarios de los pisos no pueden poner el precio que quieran a los alquileres, porque tienen que ajustarse a unos baremos oficiales, y tampoco pueden subir el precio cuando toque renovar el contrato. Bueno, esta es la teoría, porque en la práctica hay quien intenta saltarse estos límites, pero también hay quien se sabe bien la ley, como Patricia.

Barcelona es una de las ciudades con mayor presión para encontrar un piso, por los precios y por el volumen de personas que están en la misma batalla. Un dato: según Idealista, de media, 95 personas pinchan en un anuncio en esta ciudad antes de ser retirado. Y en periodos de máxima tensión, la cifra ha llegado hasta los 437 por un anuncio en solo 10 días.

Patricia se dio prisa en acudir al piso, lo vio, le gustó y decidió entrar a vivir en él, aunque el precio le llamó la atención. Le parecía demasiado caro para la zona en la que estaba. 

Investigando comprobó que el piso pertenecía a unos grandes tenedores, y la ley de vivienda les pone bajo un foco mucho más exigente. Lo primero: el contrato ha de tener una duración de siete años, y no pueden poner el precio de alquiler que quieran. La renta tiene que ajustarse a los índices oficiales de referencia, y en ningún caso puede superar la del contrato anterior, actualizada según la ley. Además, si el inquilino está en una situación de vulnerabilidad, el gran tenedor está obligado a aceptar una prórroga extraordinaria del contrato, que puede alargarse hasta tres años en estas zonas. También hay cortapisas en el momento de la renovación: el precio solo se puede subir de acuerdo con el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda, que entró en vigor en enero de 2025 sustituyendo al IPC. Patricia se sabía todo esto.

La investigación no fue sencilla, ni barata. Requirió de mucho esfuerzo en tiempo y hasta en dinero. Porque la burocracia resulta siempre una barrera muy compleja de superar. Con toda la información en la mano, Patricia empezó a enviar correos electrónicos a la inmobiliaria para pedirles una reunión. En un primer momento no le hicieron demasiado caso hasta que contactó con el Sindicato de Inquilinas de Cataluña, no solo para cerciorarse de que los documentos que tenía demostraban que el precio que iba a pagar por el alquiler estaba fuera de ley, sino para encontrar algo de soporte personal. Para que le acompañaran en todo el proceso. Y ya, con ellos de la mano, la cosa cambió.

Cuatro meses después de entrar a vivir en el piso y tras una reunión, les anunciaron una rebaja de 200€. “En ningún momento admitieron ser grandes propietarios, pero aceptaron bajarnos el precio del alquiler”. Fue una victoria singular, poco habitual, muy celebrada por Patricia y su pareja.

CRÉDITOS:

• Realiza: Gorka R. Pérez
• Presenta: Ana Fuentes
• Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
• Dirección: Ana Alonso
• Coordinación: José Juan Morales
• Sintonía: Jorge Magaz

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