De la última astracanada de Pedro Sánchez hay dos aspectos que quedaron claros en su comparecencia del pasado lunes en la que apeló a la movilización contra todos aquellos que atenten contra su persona: que le molesta el periodismo y que le molesta la justicia. En concreto, el periodismo que no esté sometido a los intereses del socialismo y los separatistas, y aquellos   jueces y fiscales que no estén nombrados o promovidos por el Gobierno.

No hay nada nuevo en este triste periodo que vive España desde hace varios años, una etapa caracterizada por el sometimiento de los poderes y contrapoderes que garantizan la calidad democrática, cada vez menos separados y con tendencia a converger bajo un único gobierno y una única ideología.

Tenemos años de historia democrática suficientes para ver con certeza y temor lo que está pasando, porque la democracia no ha empezado con Sánchez ni con el PSOE y mucho menos con Bildu y los separatistas. España es una democracia madura donde el derecho fundamental a la información se ha ejercido con responsabilidad y profesionalidad, y cuando no ha sido así la justicia ha colocado los límites previstos en el ordenamiento civil y penal.

Sánchez ha anunciado que el régimen jurídico de la comunicación lo decide él y para eso apela a la democracia, y a sus terminales mediáticas, mucho más numerosas por cierto que aquellas que se puedan encuadrar en la disidencia, que no es tal sino que son medios que se dedican a hacer periodismo, o sea, informar sobre aquello que el poder no quiere ver publicado.

Hoy hablamos de la censura que quiere Pedro Sánchez con Jorge Sanz y Manuel Novo.

Edita y presenta Rafael González. 

De la última astracanada de Pedro Sánchez hay dos aspectos que quedaron claros en su comparecencia del pasado lunes en la que apeló a la movilización contra todos aquellos que atenten contra su persona: que le molesta el periodismo y que le molesta la justicia. En concreto, el periodismo que no esté sometido a los intereses del socialismo y los separatistas, y aquellos   jueces y fiscales que no estén nombrados o promovidos por el Gobierno.
No hay nada nuevo en este triste periodo que vive España desde hace varios años, una etapa caracterizada por el sometimiento de los poderes y contrapoderes que garantizan la calidad democrática, cada vez menos separados y con tendencia a converger bajo un único gobierno y una única ideología.
Tenemos años de historia democrática suficientes para ver con certeza y temor lo que está pasando, porque la democracia no ha empezado con Sánchez ni con el PSOE y mucho menos con Bildu y los separatistas. España es una democracia madura donde el derecho fundamental a la información se ha ejercido con responsabilidad y profesionalidad, y cuando no ha sido así la justicia ha colocado los límites previstos en el ordenamiento civil y penal.
Sánchez ha anunciado que el régimen jurídico de la comunicación lo decide él y para eso apela a la democracia, y a sus terminales mediáticas, mucho más numerosas por cierto que aquellas que se puedan encuadrar en la disidencia, que no es tal sino que son medios que se dedican a hacer periodismo, o sea, informar sobre aquello que el poder no quiere ver publicado.
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