Para el periodista Pablo Ferri, que ha desvelado en El País en los últimos días informaciones exclusivas del desmantelamiento de la fuerza y las acciones de la fiscalía especial para el caso Iguala, tanto la PGR, en su momento, como hoy la Fiscalía General de la República, se dedican más que a procurar justicia, a negociar acuerdos que minimicen los costos de entes de poder. Eso estaría en núcleo de la crisis que vive la administración López Obrador, en horas críticas por la inocultable pugna entre militares, FGR, Segob y Palacio Nacional por controlar los alcances del nuevo intento de encontrar verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, que este lunes llegó de manera crispada a su octavo aniversario