Los transportistas pesados de Guatemala han advertido que estarán obligados a paralizar sus operaciones a partir del 2 de marzo si no se les otorga una prórroga en la instalación de los dispositivos limitadores de velocidad en sus unidades.

Según Ronnie Mendoza, expresidente de la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado, el problema radica en que las autoridades pretenden cobrarles entre Q2,000 y Q5,000 por la instalación de estos equipos, cuando en realidad podrían hacerlo por menos de Q500 utilizando un simple escáner.

Mendoza explicó que la mayoría de los transportistas, que representan el 74% de los operadores, son dueños de unidades semi-electrónicas o de bomba de diésel, para las cuales el costo de los dispositivos limitadores oscila entre Q8,000 y Q14,000, lo cual resulta inaccesible.