La extensa frontera de 950 kilómetros que comparten Guatemala y México ha sido históricamente un punto vulnerable para ambos países, con aproximadamente 300 puntos de cruce no regulados que han facilitado diversas actividades ilícitas, desde el contrabando hasta la tala ilegal. Esta realidad fronteriza representa uno de los mayores desafíos para la implementación efectiva del reciente acuerdo tripartito para la protección de la Gran Selva Maya, según se desprende de las declaraciones de la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes, durante una entrevista concedida a La Red 106.1.