La Superintendencia de Competencia, a través de su director titular Javier Bauer, recomendó al Congreso reformar la Ley de Comercialización de Hidrocarburos para elevar hasta unos Q23 millones las multas a empresas que se pongan de acuerdo en los precios de gasolina y diésel, homologándolas con las sanciones previstas en la nueva Ley de Competencia. La propuesta también plantea que, una vez entre en vigor la fase sancionatoria de dicha ley, sea la propia Superintendencia la encargada de investigar y castigar estos acuerdos de precios en el mercado de combustibles. Actualmente, la Ley de Hidrocarburos fija un techo máximo cercano a Q3 millones para las multas por concertación de precios de combustibles, monto que la Superintendencia considera insuficiente y poco disuasivo frente a prácticas que califica como “la falta más grave” en un mercado. La recomendación es actualizar esa norma para que las sanciones se alineen con la Ley de Competencia, que prevé multas de alrededor de Q23 millones para quienes se pongan de acuerdo en los precios. Bauer explicó que, además de homologar montos, se busca que a partir de diciembre —cuando entre en vigor la parte de investigación y sanción de la Ley de Competencia— las indagaciones sobre acuerdos de precios en combustibles pasen del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a un equipo especializado de abogados, economistas y analistas de datos de la Superintendencia. Según dijo, el objetivo es imponer sanciones “ejemplares” que disuadan a las empresas de prácticas que afectan directamente el bolsillo de los consumidores guatemaltecos.