La respuesta a la demanda de los transportistas de una prórroga de dos meses para la instalación de limitadores de velocidad fue tajante. El viceministro Fernando Suriano confirmó que, en este momento, no se está considerando otorgar más tiempo. «Llevamos cinco años de prórroga, si quieren verlo de esa forma», recordó el funcionario, aludiendo a los constantes retrasos en la aplicación de las sanciones.

Suriano explicó que la temporalidad de las multas está establecida en la ley y no únicamente en el reglamento, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo. Aunque se ha reunido con su equipo legal para evaluar el contexto integral, la postura oficial es que el tiempo para el cumplimiento ha sido suficiente desde 2018. El funcionario cuestionó qué garantiza que en dos meses adicionales sí se cumpla con la norma.

El funcionario relató que en reuniones con el sector transporte, algunos actores admitieron abiertamente su rechazo a ser supervisados. «La respuesta de otra persona que estaba ahí era que nosotros no queremos reguladores de velocidad», comentó Suriano. Para la autoridad, esto demuestra que el problema no es la falta de dispositivos o de tiempo, sino una oposición ideológica y práctica a cualquier tipo de control.