Google concretó un contrato clasificado con el Pentágono para el uso de su inteligencia artificial en operaciones de seguridad nacional, pese a la fuerte resistencia interna. El acuerdo permite aplicar la IA con fines gubernamentales “legales”, lo que abre dudas sobre los límites éticos, la vigilancia y el poder que concentran estas tecnologías. Mientras la compañía asegura que no se usará para monitoreo masivo ni armamento autónomo sin control humano, crece la preocupación sobre quién supervisa realmente estos sistemas.