El Gobierno ha culminado la ronda de contactos con los grupos políticos para diseñar un plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido con todos los partidos salvo Vox, y el Ejecutivo prevé continuar las consultas con patronal y sindicatos. Entre las propuestas planteadas, Sumar pide intervenir los mercados de vivienda, alimentación y energía, el PP propone rebajar el IVA de la energía al 10%, mientras ERC, Bildu, BNG y Compromís plantean limitar precios energéticos y gravar beneficios empresariales. Junts plantea rebajas fiscales, el PNV eliminar el impuesto a la generación eléctrica y Podemos propone un “plan anti Trump” que incluye salir de la OTAN y crear un cheque energético de 300 euros.

En el plano internacional, Donald Trump ha acusado a España de no cooperar en la guerra contra Irán y ha criticado su papel en la OTAN, sugiriendo incluso la posibilidad de restringir el comercio bilateral. El presidente estadounidense asegura además que su Ejército ha destruido casi toda la Armada iraní en el estrecho de Ormuz, con ataques contra hasta 60 buques dedicados a colocar minas. Irán, por su parte, amenaza con bloquear el paso del petróleo por el estrecho y advierte de que cualquier barco vinculado a Estados Unidos, Israel o sus aliados será considerado objetivo legítimo.

El conflicto ya repercute en los mercados energéticos. El gasóleo ha subido un 14,16% en una semana, hasta 1,645 euros por litro, su nivel más alto desde octubre de 2023. Llenar un depósito de 55 litros cuesta ya unos 88 euros con gasolina y más de 90 euros con diésel. Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para intentar contener el precio del crudo.

En clave nacional, el Gobierno ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, en plena tensión diplomática por la guerra. La Junta de Andalucía se ha personado en la causa del accidente ferroviario de Adamuz y prepara un Comisionado de apoyo a las víctimas. Además, en el caso Pujol, el gestor bancario Josep Pallerola ha asegurado que los 1,8 millones en Andorra atribuidos al expresident Jordi Pujol pertenecían en realidad a su hijo y fueron puestos a su nombre para evitar su reparto durante un proceso de divorcio.

Edición · Jorge Quiroga

Realización · Alfredo Hidalgo