El Gobierno ha abierto contactos con partidos políticos y agentes sociales para analizar el impacto de la guerra en Irán y preparar medidas de protección para trabajadores, hogares y empresas. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha explicado que el ministro Félix Bolaños se reunirá con los grupos parlamentarios, mientras las vicepresidentas y los responsables de Economía y Seguridad Social dialogarán con empresarios y sindicatos. Tras esta ronda, el presidente Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para abordar el conflicto y anunciar posibles medidas económicas y sociales.

En paralelo, Sumar negocia con el PSOE un nuevo escudo social frente al impacto del conflicto. Entre sus propuestas figuran intervenir el mercado de la vivienda, recuperar la prohibición de desahucios para familias vulnerables, topar los alquileres, bajar el IVA de alimentos básicos y crear un impuesto a grandes distribuidoras para evitar subidas abusivas. También plantea recuperar la excepción ibérica para el precio del gas, restablecer el impuesto a las energéticas y prohibir cortes de suministros básicos. La ministra Sara Aagesen ha defendido que la apuesta estratégica pasa por reforzar las energías renovables.

En política exterior, el ministro José Manuel Albares descarta que España participe en acciones militares vinculadas a la guerra en Irán y subraya que el país solo intervendrá en operaciones que garanticen la paz y la seguridad europea. Mientras, el Pentágono asegura que los bombardeos han alcanzado ya 5.000 objetivos en Irán y que el día actual podría ser el más intenso de ataques, con operaciones centradas en fábricas de drones y complejos militares. El conflicto sigue afectando a la economía: el diésel ha subido 32 céntimos (20%) y la gasolina casi 17 céntimos (10%), mientras la UE recomienda a los países reducir impuestos energéticos si su situación fiscal lo permite.

En clave nacional, el Gobierno ha aprobado una regulación del acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, que podrán solicitarla mediante declaración responsable y acreditación de residencia mediante empadronamiento o documentos sociales. Además, el Senado, con mayoría del PP, ha introducido enmiendas a la ley contra la multirreincidencia para reforzar los controles en la ley de extranjería, incluyendo comprobaciones de antecedentes penales e informes policiales sobre riesgos para el orden público.

Edición · Jorge Quiroga

Realización · Alfredo Hidalgo