El dramático desalojo de este miércoles de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, se ha convertido en el doloroso símbolo de la tensión habitacional que atraviesa España. A mediodía, la Policía Nacional ejecutó el lanzamiento de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro —donde residía desde hace más de siete décadas—, disolviendo una cadena humana de manifestantes que intentó frenar el acceso al portal en medio de momentos de elevada tensión. La anciana, en un estado de extrema vulnerabilidad, tuvo que ser sacada en camilla desde un sexto piso para ser trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de hacer "caso omiso de la tragedia social" que ha supuesto el desahucio de Maricarmen. Sánchez ha pedido por ello "responsabilidad" a los partidos para que convaliden un decreto que, de haber estado ya en vigor, habría evitado este episodio. El presidente del Gobierno ha prometido desde Nueva York que el Gobierno enviará al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, pero ha pedido "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva "tragedia" como la de Maricarmen.