Denunciar una situación de violencia sexual es difícil para cualquier mujer. Primero, por lo que implica asumirla. Después, por tener que revivirla durante el proceso judicial. Imaginen, cuánto más complejo resulta para una mujer migrante trabajadora del hogar y los cuidados, que tiene que lidiar con el miedo a perder su trabajo o a ser expulsada, entre muchos otros temores. Sumen a esto que el delito se dé en una casa: un lugar privado.