Rebeca Ruano, responsable de comunicación del Sonorama Ribera, atiende la llamada de El Debate

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Las mejores historias sonoras y reportajes de El Debate, diario fundado en 1910.

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El Debate es un diario que nació el 1 de octubre de 1910 y que dejó de publicarse en 1936. Conoce su historia con este relato.

Crónica El Debate

Entrevista a Rebeca Ruano, responsable de comunicación de Sonorama Ribera

La idea del Gobierno de dar 4.700 millones de euros más a Cataluña sigue creando polémica tres días después de que todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, se hayan manifestado en contra de que se haga.

En el audio que puede oírse al principio de estas líneas, el economista Diego Barceló explica que el sistema de financiación territorial existente actualmente en España «es muy malo» porque empezó en el año 2009: «Se hizo lo peor que se puede hacer: cambiar el sistema de financiación en medio de una crisis. Se prometió a todos que se les daría lo mismo, una suma fija que cada dos años se revisaría y se compensaría la diferencia. Es un sistema burocratizado y lento. Las comunidades no saben cuánto tienen para gastar. Es un desastre, y todavía es más desastre cuando se le quiere quitar a todos para darle a una de las comunidades más ricas -Cataluña-. Es un verdadero desastre que solo tiene una explicación: el interés político».

El economista coincide con el catedrático de CUNEF Santiago carbó, con el que dialoga en el audio, en que en la nueva propuesta del Gobierno «no hay nnguna fibalidad de corregir ningún defecto del actual sistema de financiación, ni de corregir ninguna infrafinanciación de ninguna comunidad autónoma, sino simplemente un puro y duro interés político de un Gobierno débil y debilitado que quiere extender su permanencia todo el tiempo que pueda. Lo que pasa en este caso ya es demasiado descarado».

La idea del Gobierno de dar 4.700 millones de euros m&aacute;s a Catalu&ntilde;a sigue creando pol&eacute;mica tres d&iacute;as despu&eacute;s de que todas las comunidades aut&oacute;nomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, se hayan manifestado en contra de que se haga.
En el audio que puede o&iacute;rse al principio de estas l&iacute;neas, el economista Diego Barcel&oacute; explica que el sistema de financiaci&oacute;n territorial existente actualmente en Espa&ntilde;a &laquo;es muy malo&raquo; porque empez&oacute; en el a&ntilde;o 2009: &laquo;Se hizo lo peor que se puede hacer: cambiar el sistema de financiaci&oacute;n en medio de una crisis. Se prometi&oacute; a todos que se les dar&iacute;a lo mismo, una suma fija que cada dos a&ntilde;os se revisar&iacute;a y se compensar&iacute;a la diferencia. Es un sistema burocratizado y lento. Las comunidades no saben cu&aacute;nto tienen para gastar. Es un desastre, y todav&iacute;a es m&aacute;s desastre cuando se le quiere quitar a todos para darle a una de las comunidades m&aacute;s ricas -Catalu&ntilde;a-. Es un verdadero desastre que solo tiene una explicaci&oacute;n: el inter&eacute;s pol&iacute;tico&raquo;.
El economista coincide con el catedr&aacute;tico de CUNEF Santiago carb&oacute;, con el que dialoga en el audio, en que en la nueva propuesta del Gobierno &laquo;no hay nnguna fibalidad de corregir ning&uacute;n defecto del actual sistema de financiaci&oacute;n, ni de corregir ninguna infrafinanciaci&oacute;n de ninguna comunidad aut&oacute;noma, sino simplemente un puro y duro inter&eacute;s pol&iacute;tico de un Gobierno d&eacute;bil y debilitado que quiere extender su permanencia todo el tiempo que pueda. Lo que pasa en este caso ya es demasiado descarado&raquo;.

El modelo de financiación autonómico, con Santiago Carbó y Diego Barceló

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es heredera del Instituto Nacional de Industria (INI), el Instituto Nacional de Hidrocarburos y la Dirección General de Patrimonio, que tenía también unas participaciones empresariales muy importantes después de los procesos de privatización que se llevaron a cabo en los años 80.

Aznar decidió que el Estado saliera de las empresas participadas cuando gobernó entre los años 1996 y 2004, y aquello sirvió a España para cumplir con los objetivos de déficit público y entrar en la Unión Europea. Sánchez ha decidido romper con esa idea y que el Estado vuelva a participar en empresas privadas como Telefónica. «La entrada en Telefónica y algunas otras se ha hecho con participaciones minoritarias. Su finalidad es simplemente colocar gente en los consejos de administración y satisfacer el ansia estatalista que tiene el actual Gobierno», afirma el catedrático Mikel Buesa en el audio que puede oírse al principio de este texto.

En la SEPI «hay empresas muy mal gestionadas, como por ejemplo Radio Televisión Española. En ellas los gobiernos han ido colocando gente bien remunerada a pesar de que las empresas no han ganado dinero o han ganado muy poco, y muchas de ellas lo han perdido a espuertas. No tiene mucho sentido mantener un tinglado como este», añade Buesa.

Pin Arboledas recuerda en este mismo audio que en una ocasión habló con un ex presidente del INI, Claudio Boada: «Me dijo que el director o presidente de una de estas compañías no podía tener otro negocio. Al parecer hay ex presidentes que tenían negocios aparte de la presidencia».

Los dos expertos coinciden en que las tentaciones de corrupción son muy grandes en este tipo de empresas, y que por eso deben situarse en ellas profesionales con un compromiso ético alto y poner más elementos de control.

Buesa y Pin Arboledas hablan también en el audio sobre la renuncia del Gobierno español a pedir 60.000 millones de fondos europeos. «Se han dado cuenta de que son incapaces de invertirlos», sostiene Pin Arboledas.

También comentan la renuncia de la Comisión Europea a prohibir la venta de coches de combustión más allá del año 2035, en contra de lo que hubiera querido Pedro Sánchez, que escribió una carta a la presidenta del ente para que mantuviera esa fecha. «El Gobierno español opera con una ideología completamente absurda: si todo es verde, viviremos una felicidad completa, pero a lo mejor con esa ideología nos arruinamos», señala Buesa. «Los niveles de contaminación de Estados Unidos son notoriamente más bajos que en Europa. La política que se ha llevado a cabo aquí no ha cumplido siquiera sus objetivos. Por tanto, es una política fracasada. Que se haya corregido en el último momento y un poco de mala manera, bajo la presión sobre todo de Alemania, es una buena noticia, y que en esta batalla haya perdido Sánchez, es una noticia excelente», concluye. La industria automovilística europea y española lo celebran. «Tenemos varias tecnologías que están compitiendo, y que acabarán definiendo por dónde se encauzará la industria automovilística. Es algo que no está resuelto. Por tanto, no puedes eliminar tecnologías que son viables o que pueden acabar siéndolo», explica Buesa.

La&nbsp;Sociedad Estatal de Participaciones Industriales&nbsp;(SEPI) es heredera del Instituto Nacional de Industria (INI), el Instituto Nacional de Hidrocarburos y la Direcci&oacute;n General de Patrimonio, que ten&iacute;a tambi&eacute;n unas participaciones empresariales muy importantes despu&eacute;s de los procesos de privatizaci&oacute;n que se llevaron a cabo en los a&ntilde;os 80.
Aznar&nbsp;decidi&oacute; que el Estado saliera de las empresas participadas cuando gobern&oacute; entre los a&ntilde;os 1996 y 2004, y aquello sirvi&oacute; a Espa&ntilde;a para cumplir con los objetivos de d&eacute;ficit p&uacute;blico y entrar en la&nbsp;Uni&oacute;n Europea. S&aacute;nchez ha decidido romper con esa idea y que el Estado vuelva a participar en empresas privadas como&nbsp;Telef&oacute;nica. &laquo;La entrada en Telef&oacute;nica y algunas otras se ha hecho con participaciones minoritarias. Su finalidad es simplemente colocar gente en los consejos de administraci&oacute;n y satisfacer el ansia estatalista que tiene el actual Gobierno&raquo;, afirma el catedr&aacute;tico&nbsp;Mikel Buesa&nbsp;en el audio que puede o&iacute;rse al principio de este texto.
En la SEPI &laquo;hay empresas muy mal gestionadas, como por ejemplo&nbsp;Radio Televisi&oacute;n Espa&ntilde;ola. En ellas los gobiernos han ido colocando gente bien remunerada a pesar de que las empresas no han ganado dinero o han ganado muy poco, y muchas de ellas lo han perdido a espuertas. No tiene mucho sentido mantener un tinglado como este&raquo;, a&ntilde;ade Buesa.
Pin Arboledas&nbsp;recuerda en este mismo audio que en una ocasi&oacute;n habl&oacute; con un ex presidente del INI,&nbsp;Claudio Boada: &laquo;Me dijo que el director o presidente de una de estas compa&ntilde;&iacute;as no pod&iacute;a tener otro negocio. Al parecer hay ex presidentes que ten&iacute;an negocios aparte de la presidencia&raquo;.
Los dos expertos coinciden en que las tentaciones de corrupci&oacute;n son muy grandes en este tipo de empresas, y que por eso deben situarse en ellas profesionales con un compromiso &eacute;tico alto y poner m&aacute;s elementos de control.
Buesa y Pin Arboledas hablan tambi&eacute;n en el audio sobre la renuncia del Gobierno espa&ntilde;ol a pedir 60.000 millones de&nbsp;fondos europeos. &laquo;Se han dado cuenta de que son incapaces de invertirlos&raquo;, sostiene Pin Arboledas.
Tambi&eacute;n comentan la renuncia de la Comisi&oacute;n Europea a prohibir la&nbsp;venta de coches de combusti&oacute;n&nbsp;m&aacute;s all&aacute; del a&ntilde;o 2035, en contra de lo que hubiera querido&nbsp;Pedro S&aacute;nchez, que escribi&oacute; una carta a la presidenta del ente para que mantuviera esa fecha. &laquo;El Gobierno espa&ntilde;ol opera con una ideolog&iacute;a completamente absurda: si todo es verde, viviremos una felicidad completa, pero a lo mejor con esa ideolog&iacute;a nos arruinamos&raquo;, se&ntilde;ala Buesa. &laquo;Los niveles de contaminaci&oacute;n de Estados Unidos son notoriamente m&aacute;s bajos que en Europa. La pol&iacute;tica que se ha llevado a cabo aqu&iacute; no ha cumplido siquiera sus objetivos. Por tanto, es una pol&iacute;tica fracasada. Que se haya corregido en el &uacute;ltimo momento y un poco de mala manera, bajo la presi&oacute;n sobre todo de&nbsp;Alemania, es una buena noticia, y que en esta batalla haya perdido S&aacute;nchez, es una noticia excelente&raquo;, concluye. La industria automovil&iacute;stica europea y espa&ntilde;ola lo celebran. &laquo;Tenemos varias tecnolog&iacute;as que est&aacute;n compitiendo, y que acabar&aacute;n definiendo por d&oacute;nde se encauzar&aacute; la industria automovil&iacute;stica. Es algo que no est&aacute; resuelto. Por tanto, no puedes eliminar tecnolog&iacute;as que son viables o que pueden acabar si&eacute;ndolo&raquo;, explica Buesa.

El sinsentido de mantener el «tinglado» de la SEPI, con José Ramón Pin Arboledas y Mikel Buesa

La nueva propuesta del denominado Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo acerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue provocando críticas. Su idea es volver a subir el SMI en 2026 entre un 3,1 % y un 4,7 %, con lo cual pasaría a estar entre 1.221 y 1.240 euros mensuales.

«El salario mínimo se está acercando cada vez más al salario medio que hay en España. Proporcionalmente, cada vez más personas cobran el salario mínimo», recalca el catedrático Carlos Rodríguez Braun. «Es como si tuvieran un plan siniestro a largo plazo para tener a todo el mundo empobrecido y dependiente del Estado», añade, en el audio que puede oírse al principio de este texto.

El profesor piensa que los expertos que proponen estas medidas deberían pagar por los daños que provocan: «Jamás padecen las consecuencias del incremento de costes que provocan estas medidas. No es lo mismo Madrid que Extremadura ni una multinacional que una empresa pequeña. Para una pyme subir el salario mínimo puede ser la diferencia entre vivir y morir».

En la misma línea se mueve el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, a quien también puede oírse en el audio de este artículo: «Esta medida, que se introdujo para proteger y elevar el nivel de vida de los trabajadores menos favorecidos, se está volviendo totalmente contra ellos; sobre todo contra los que tienen menor formación, experiencia y productividad».

La nueva propuesta del denominado Comit&eacute; de Expertos del Ministerio de Trabajo acerca del Salario M&iacute;nimo Interprofesional (SMI) sigue provocando cr&iacute;ticas. Su idea es volver a subir el SMI en 2026 entre un 3,1 % y un 4,7 %, con lo cual pasar&iacute;a a estar entre 1.221 y 1.240 euros mensuales.
&laquo;El salario m&iacute;nimo se est&aacute; acercando cada vez m&aacute;s al salario medio que hay en Espa&ntilde;a. Proporcionalmente, cada vez m&aacute;s personas cobran el salario m&iacute;nimo&raquo;, recalca el catedr&aacute;tico Carlos Rodr&iacute;guez Braun. &laquo;Es como si tuvieran un plan siniestro a largo plazo para tener a todo el mundo empobrecido y dependiente del Estado&raquo;, a&ntilde;ade, en el audio que puede o&iacute;rse al principio de este texto.
El profesor piensa que los expertos que proponen estas medidas deber&iacute;an pagar por los da&ntilde;os que provocan: &laquo;Jam&aacute;s padecen las consecuencias del incremento de costes que provocan estas medidas. No es lo mismo Madrid que Extremadura ni una multinacional que una empresa peque&ntilde;a. Para una pyme subir el salario m&iacute;nimo puede ser la diferencia entre vivir y morir&raquo;.
En la misma l&iacute;nea se mueve el economista Lorenzo Bernaldo de Quir&oacute;s, a quien tambi&eacute;n puede o&iacute;rse en el audio de este art&iacute;culo: &laquo;Esta medida, que se introdujo para proteger y elevar el nivel de vida de los trabajadores menos favorecidos, se est&aacute; volviendo totalmente contra ellos; sobre todo contra los que tienen menor formaci&oacute;n, experiencia y productividad&raquo;.

Entrevista a Rebeca Ruano, responsable de comunicación de Sonorama Ribera

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