El Tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 39 oficiales del Ejército colombiano, incluidos cuatro generales, por su participación en los asesinatos extrajudiciales de 442 civiles en Antioquia entre 2004 y 2007. Estos asesinatos fueron impulsados por una "política de conteo de cuerpos", que incentivaba a los soldados a presentar a civiles como guerrilleros abatidos en combate.

Según la JEP, los comandantes habrían ignorado las denuncias sobre estos crímenes, justificándolos como estrategias de la guerrilla. Además, el tribunal destacó que estas ejecuciones ocurrieron después de que los grupos guerrilleros fueran estratégicamente derrotados y las organizaciones paramilitares se desmovilizaran. Muchas de las víctimas fueron engañadas con falsas promesas de trabajo o identificadas a través de la colaboración con paramilitares.

La JEP enfatizó que estas acciones violaron las directrices gubernamentales y militares vigentes. Los oficiales imputados ahora tienen la opción de aceptar los cargos y participar en el sistema de justicia restaurativa de la JEP o enfrentar penas de prisión.